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Indalo al borde de la quiebra: Navarro les pide 60 millones de pesos de indemnización

Según el diario Perfil, el conductor pretende esa millonaria suma. En el grupo lo desestiman.

Según publicó este fin de semana el diario Perfil, el periodista ultra K Roberto Navarro lleva a juicio al grupo Indalo tras su despido, y pretende una indemnización que ronda los 60 millones de pesos. Esta será una semana clave para este pool de medios tras el anuncio de una venta que deben homologar la Justicia y la AFIP.

En medio de las negociaciones, Marcelo Tinelli denunció públicamente amenazas de los nuevos compradores que le habrían dicho que podrían llevar la empresa a la quiebra y mandarlo a la "cola de los acreedores" para cobrar la millonaria deuda que dejó Cristóbal López por el 19% de Ideas del Sur que le restaba comprar y los sueldos del conductor.

Sobre la situación de Navarro, esto dice el texto de la nota del matutino, ayer:

"El ex conductor de C5N y Radio 10 Roberto Navarro denunció persecución política por su salida del Grupo Indalo. Además, reclamó una indemnización que asciende a 60 millones de pesos en el primer contacto con los abogados del grupo desde su salida. En la empresa afirman que no hay lugar para una demanda laboral, porque Navarro compraba el espacio que ocupaba en la televisión y lo comercializaba.

La figura, en cambio, afirma que había un contrato “simulado en fraude de la normativa imperativa laboral” y considera que le corresponde una indemnización por daños, que suma a su exigencia de “liquidación final, aguinaldos adeudados e indemnización”. La suma que corresponde a Navarro, según expresó su representante legal en la primera audiencia de conciliación, se eleva a los 60 millones de pesos.

En distintos intercambios con los representantes de Indalo, el ex conductor de Economía política y El destape afirmó que su salida del canal ocurre por las “ilegítimas presiones que recibiera” el canal “por parte del Poder Ejecutivo Nacional” a fin de censurarlo. Algo que, en su opinión, constituye además “una arbitrariedad” y es una “lesiva discriminación” contra su persona, “violatoria de las garantías previstas” en la Constitución y otras normas sobre la libertad de prensa.

En respuesta a estas alegaciones, los representantes de la empresa le han señalado que la denuncia de censura “sólo encuentra asidero en su fantasiosa imaginación”. También rechazaron que el comunicador “haya sido objeto de trato discriminatorio de cualquier tipo”."